Leíamos esta semana que los retrasos para el procedimiento para reconocer una incapacidad laboral se alargaban hasta los dos años en Navarra, cuando el límite legal son 6 meses, llevando las pensiones por incapacidad a mínimos históricos y obligando al INSS a poner en marcha un plan extraordinario para reducir los expendientes pendientes. Un retraso que, además, se une a la preocupación por el endurecimiento, también en los juzgados, de los criterios de valoración de algunas discapacidades orgánicas, aquellas que no se ven a simple vista, como la fibromialgia.
RETRASOS EN LA INCAPACIDAD LABORAL: detrás de las cifras, personas con nombres y apellidos que a la mochila de convivir con una enfermedad o unas limitaciones para desarrollar un trabajo, llevan meses y meses mantener su vida laboral encadenando bajas o recurriendo en ocasiones a una sobre medicación para sostener una jornada laboral. Y todo ello mientras su salud empora y su vida sigue en suspenso a la espera de saber cual será su situación, si tendrán una prestación, si podrán seguir trabajando….
LA ESPERA, NUESTRA COMPAÑERA DE VIAJE. Y no es un problema exclusivo de las incapacidades, ya que tenemos que esperar mucho más tiempo del que marca la normativa para para conseguir un certificado de discapacidad o para que se reconozca su situación de dependencia y poder acceder a los apoyos que necesitan. Hablamos de procedimientos diferentes y de administraciones diferentes, pero con un elemento común: personas que tienen un derecho reconocido por ley pero que está aparcado sin poder ejercerlo.
RETRASOS PARA EL CERTIFICADO: Quienes solicitan un certificado de discapacidad o necesitan revisar su grado siguen esperando en Navarra un tiempo superior a los seis meses que marca la normativa (13,5 meses de media según se publicaba en marzo, con casos que superan los dos años de espera). Una demora que se ha convertido en una barrera para acceder a derechos porque el reconocimiento de la discapacidad es la puerta de acceso a prestaciones, recursos, empleo protegido, medidas de apoyo o beneficios destinados precisamente a compensar las desigualdades que genera la discapacidad.
RETRASOS PARA LA DEPENDENCIA: En el ámbito de la dependencia, Navarra tarda actualmente una media de 216 días —más de siete meses— en tramitar la dependencia, por encima de los seis meses que establece la ley como plazo máximo según datos publicados en prensa en agosto. Puede parecer que hablamos únicamente de unas semanas de diferencia, pero ¿qué significan para una persona que necesita ayuda para levantarse, asearse, comer, desplazarse o realizar otras actividades básicas de su vida diaria? ¿Y qué significan para una familia que, mientras espera, tiene que asumir esos cuidados? Cada día de espera tiene un coste emocional, económico, personal y sobre todo de salud. Y no podemos olvidar que detrás de los retrasos hay también personas que fallecen sin haber llegado a recibir los apoyos que necesitaban.
RETRASOS EN SALUD: Y a todas estas esperas se añade otra que puede agravar todavía más la situación: la sanitaria. Las listas de espera afectan al conjunto de la ciudadanía, pero tienen un impacto especialmente grave en las personas con enfermedades crónicas o degenerativas. Esperar meses para una consulta, una prueba o una revisión puede suponer prolongar el dolor, la incertidumbre, la ansiedad o la pérdida de autonomía. Como decíamos en una campaña anterior de COCEMFE Navarra, «Espero y desespero»: cuando una enfermedad crónica o una discapacidad condiciona tu vida, esperar no es una opción. Cada día de retraso cuenta. Porque la cita puede llegar tarde.
NOS SENTIMOS INVISIBLES: Desde COCEMFE Navarra reclamamos a las administraciones que cumplan los plazos y pongan los recursos necesarios para combatir los retrasos. Porque no hablamos solo de listas de espera, sino de derechos que llegan tarde. Quizá por eso muchas personas con discapacidad nos sentimos invisibles: porque, aunque nuestros derechos estén reconocidos, seguimos esperando meses o incluso años para poder ejercerlos. Basta de retrasos en discapacidad, dependencia, incapacidad laboral y salud.
Quienes más necesitan protección no pueden ser quienes más tienen que esperar. Y cuando esperar se convierte en una barrera para ejercer tus derechos, la pregunta es inevitable: ¿somos ciudadanía de segunda?